Declaración de la Coordinación Nacional Contra UPM ante el anuncio de un nuevo acuerdo con UPM en contexto de pandemia 2020
18 de mayo, 2020
La Coordinación Nacional Contra UPM rechaza el nuevo acuerdo firmado por el gobierno y la empresa transnacional que profundiza un modelo extractivista en el contexto de una emergencia sanitaria y climática global. Ante la posibilidad de rescindir el contrato, el ejecutivo optó por mantener un acuerdo que destina miles de millones de dólares a infraestructura para una empresa extranjera y permite que intereses privados tengan injerencia en políticas públicas. Las decisiones políticas que se tomen en este momento tienen un impacto social y ambiental que determinarán nuestras posibilidades de futuro y nuestra calidad de vida de aquí en más.
El desarrollo de este modelo en nuestro país ha tenido altos costos a nivel social y ambiental. En los últimos años, la concentración de la tierra en manos de consorcios financieros y empresas extranjeras ha expulsado a pequeños productores y familias del campo. Así mismo, el monocultivo intensivo de soja, eucaliptos y especies exóticas que usan semillas transgénicas y un paquete tecnológico con insumos tóxicos, petróleo y altos costos han resultado en la degradación de los suelos, la contaminación de las aguas y la reducción de la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Este modelo no ha garantizado la seguridad alimentaria ni la soberanía alimentaria de la población, ya que Uruguay no produce suficientes frutas y verduras para cubrir el 50% del consumo mínimo recomendado (Gómez, 2019).
La decisión de profundizar la política forestal que comenzó en los años 90 implica una falta de conciencia de la dimensión de la crisis ambiental en la que estamos inmersos y una pérdida de soberanía. Los intereses de empresas forestales no solo afectan el uso de los reducidos recursos financieros en este momento de crisis, sino también el desarrollo de políticas que protegen la calidad de nuestro ambiente a futuro.
La Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, integrada también por UPM, presentó el 5 de noviembre de 2019 a la DINAMA una queja por la extensión del Área Protegida "Quebrada de los Cuervos" donde la empresa transnacional con base en Finlandia posee un importante predio de explotación forestal. Tiempo después se incorporaron al borrador de la Ley de Urgente Consideración los artículos 501 y 502 relacionados con las Áreas Protegidas del país. Esa modificación para las Áreas Protegidas no figuraba en ninguna de las propuestas programáticas de los Partidos de la Coalición del nuevo gobierno y constatan presiones de empresas de varios rubros para reafirmar el modelo agroindustrial - celulósico que se sigue expandiendo en importantes áreas y lugares de este territorio. La inclusión de estos artículos en la Ley de Urgente consideración limita la posibilidad de la ciudadanía de debatir y decidir sobre los usos del territorio.
¿Quiénes se benefician con este contrato? ¿Por qué no se da participación a la ciudadanía en estas decisiones?
En el contexto de una emergencia sanitaria global y una crisis climática que requieren que se ponga en el centro a las personas y el ambiente teniendo en cuenta criterios de justicia social, reafirmar el acuerdo con UPM nos pone en riesgo e implica un retroceso en nuestros derechos. Para promover este contrato, se ignoran normativas vigentes como las directrices de ordenamiento territorial; no se cumplen acuerdos internacionales que garantizan el derecho a la información y a la participación en temas ambientales, además de vulnerar los derechos de personas que se ven afectadas por estos proyectos como los casi 40,000 vecinos y vecinas que viven al costado de la vía. También se pone en riesgo la salud de trabajadores no solo durante la cuarentena sino también al exponerles a agrotóxicos y limitar sus derechos laborales. Se pierden derechos laborales, dejando indefensos y enfrentados a las/os trabajadores beneficiando claramente al empleador y sus intereses individuales por los colectivos. Además, el contrato con UPM impacta decisiones curriculares, el desarrollo de carreras y centros tecnológicos en función de las necesidades de la empresa. Se pide el sacrificio del territorio y la gente para satisfacer compromisos con intereses extranjeros y asegurar ganancias a privados.
En esta pandemia satisfacer las necesidades de la población requiere reducir la dependencia y garantizar una vida digna priorizando a los sectores más vulnerables. Los dineros públicos que se destinan al proyecto con UPM pueden ser usados en el desarrollo de industrias, trabajos y mejoras en la calidad de nuestro ambiente. Hoy se pide al pueblo que pague los costos de la crisis económica (subiendo tarifas y perdiendo el empleo), al mismo tiempo se le dan beneficios fiscales y se da acceso a bienes públicos a una empresa extranjera. ¿A quiénes favorece ese contrato, este nuevo acuerdo y este modelo?
Coordinación Nacional Contra UPM
Referencias:
Gómez Perazzoli, Alberto (2019) Uruguay: país productor de alimentos para un sistema alimentario disfuncional. Agrociencia Uruguay 23(1):1-9. ISSN electrónico 2301-1548
Búsqueda (2019) UPM y otras forestales advierten al gobierno sobre la “gravedad” y el “peligro” de extender el área protegida Quebrada de los Cuervos. Nº 2050-12 al 18 de diciembre.
Contactos:
Inés Enríquez 094374588, Iván Kortiz 09835336, Mariana Achugar 092010568
El gobierno de la coalición multicolor presentó como logros de una renegociación lo que son, en realidad, ajustes menores del contrato con la multinacional finlandesa UPM para la instalación de una tercera planta de celulosa en el país. Se ratifica así un acuerdo que, además de un mal negocio con graves impactos sociales y ambientales, constituye una entrega del Uruguay al ser violatorio de la soberanía nacional.
Hasta la asunción del presidente Lacalle Pou pudo existir la falsa expectativa, a partir de sus declaraciones anteriores, de una modificación del contrato firmado por el gobierno de Tabaré Vázquez. Pero UPM se encargó ahora de aclarar que el acuerdo sigue vigente en todos sus términos y se produjo el triste espectáculo en donde miembros del gobierno actual y del anterior se disputan la paternidad de lo firmado.
El presidente Lacalle Pou presentó como logros de una renegociación lo que fueron acuerdos sobre temas pendientes del contrato firmado con UPM por el gobierno de Tabaré Vázquez. UPM confirmó este hecho en su comunicado diciendo que: "Ambas partes están plenamente comprometidas y ejecutando el acuerdo de inversión existente firmado entre UPM y el Gobierno de Uruguay en noviembre de 2017".
El comunicado oficial del gobierno afirma que se habrían ahorrado para Uruguay el pago de 128 millones de dólares por obras de infraestructura vial y eléctrica y de 140 millones de dólares en 20 años por pago de energía eléctrica. No existe ninguna reducción y, aunque existiera, sería un ajuste menor si lo comparamos con los 4.000 millones de dólares que cuestan al país las obras para viabilizar el proyecto de UPM.
Al mismo tiempo, el presidente sostuvo que UPM invertirá 55 millones de dólares adicionales en un nuevo vivero en Sarandí del Yi y la ampliación de la planta química en Fray Bentos. Sin embargo, según voceros del gobierno anterior, esas inversiones ya estaban previstas y esto fue ratificado por la empresa al decir en su comunicado que "el marco total de la inversión de UPM permanece incambiado".
Este momento es aprovechado por UPM para anunciar un acuerdo con la empresa Kemira para ampliar su producción en la zona franca de Fray Bentos. Según UPM, "Esta expansión permitirá abastecer tanto a la planta actual en Río Negro como a la futura en Durazno y mejorará aún más la eficiencia y la seguridad de abastecimiento a través de una mayor producción de suministros producidos en Uruguay".
Kemira elabora cuatro insumos químicos que son fundamentales para la producción de celulosa. Algunos de estos productos son tóxicos y altamente peligrosos, por lo que normalmente son elaborados al lado de la planta de celulosa. Contrariamente a lo que dice UPM, al tener que transportarlos de Fray Bentos a Paso de los Toros se agrega un nuevo factor de riesgo para la población y el ambiente en Uruguay.
Otra sería la historia si el modelo productivo de estos dos gobiernos, en lugar de destinar esos recursos a servir a una empresa productora de celulosa que opera en zona franca, los dedicaran a crear fuentes genuinas de trabajo y producción para beneficio de todos los uruguayos. Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable seguiremos, junto a numerosas organizaciones sociales que se oponen a este proyecto, procurando la anulación de los contratos firmados.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
18 de mayo de 2020.
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