El Gobierno ha convertido el estado de alarma en su protección para llegar al verano y evitar que las grietas que ha provocado la nefasta gestión de la crisis sanitaria precipite la crisis de un Gobierno ya de por sí, débil.
La pandemia ha acelerado no sólo la crisis económica, sino también la política. Por ello, conseguir las prórrogas, ahora de un mes, es el centro de la actuación de Sánchez. Pero, si la última prórroga la consiguió en el último minuto, ahora lo tiene peor. El PP anuncia pasar al voto no, con Vox. Ciudadanos continúa en la indefinición, mientras ERC y JxCat condicionan el apoyo a la recuperación inmediata de competencias,...
El Gobierno PSOE-UP anuncia una «desescalada institucional», pero el estado de alarma sigue garantizando la represión y la prohibición de derechos: que caiga el marco de excepcionalidad abre la caja de Pandora para la protesta social.
Y hay muchos motivos para reclamar contra el gobierno central y los autonómicos: dar cuenta de cómo han destruido y privatizado la sanidad pública, las residencias de ancianos, los servicios sociales ... pero también por la falta de capacidad de previsión y reacción ante la pandemia, por cómo se ha cedido a las presiones empresariales, por los récords de muertos y de infecciones entre sanitarios, por el abandono de muchos sectores de población sin recursos, porque muchos trabajadores sometidos a ERTEs aún no han cobrado, por los despidos ... un impacto social devastador que se solapa con los efectos de la crisis económica sobre una clase obrera que no se había recuperado de los efectos de la crisis anterior.
La derecha parece descartar un acuerdo de unidad nacional -Pactes de la Moncloa 2- y apunta a dejar caer el gobierno con unas elecciones anticipadas al inicio del otoño.
La disyuntiva que ya habíamos planteado en diciembre ahora se acelera: es imprescindible construir una izquierda de ruptura, para detener la cuenta atrás de la llegada de Vox al gobierno central. Porque, lo que sí es seguro, es que es insostenible un gobierno que pretende ser de izquierdas y castiga duramente las bases sociales que son su apoyo electoral. La CUP-PR tiene hoy la responsabilidad de ser un motor de la construcción de esta alternativa a la izquierda en ruptura con la monarquía y el capitalismo.
Hoy el centro está en las calles. Siguiendo la dinámica de Alemania, EEUU o Francia, la extrema derecha intenta construir una base de masas, y se manifiesta en las calles. En Madrid, en el barrio de Salamanca, la derecha y grupos directamente fascistas salen a la calle contra el gobierno entre aplausos a la policía.
Cuentan con la permisividad de ésta y el apoyo político de la comunidad de Madrid. Mientras, aparecen pintadas fascistas en los barrios obreros. Ahora Vox anuncia movilizaciones el sábado 23 en todo el estado. En Vallekas, el barrio más castigado por coronavirus y la represión policial, organizaciones antifascistas y de izquierda salieron a la calle el miércoles. También en Guetxo una manifestación protestaba contra los desalojos que, ordenados por el gobierno vasco, se han producido aprovechando el confinamiento.
La permisividad con la derecha contrasta con la nueva prohibición de manifestación del próximo 25 de mayo ante el Congreso contra el estado de alarma, la represión y por la dimisión de Marlaska, convocada por Izquierda Castellana y la Coordinadora 25S con un amplio listado de organizaciones políticas y sindicales. Mientras, Podemos y los Comuns, criticando las manifestaciones del barrio de Salamanca, aprovechan para llamar al orden y a no salir a la calle a la izquierda, en nombre de la «responsabilidad social»
O se toma la iniciativa clara y determinada a la izquierda del Gobierno del PSOE-UP para recuperar las calles o será la derecha y la ultraderecha quien ocupe este espacio.
En este sentido Lucha Internacionalista nos dirigimos a todas las organizaciones políticas y sindicales, y movimientos a los que el Ministerio de Interior les prohibió actos de protesta en la calle para lanzar una amplia campaña estatal para defender el derecho a la protesta. Hemos recibido la respuesta positiva del SAT, de Izquierda Castellana, Coordinadora 25S, Solidaridad Obrera de Madrid, CGT de Burgos
Catalunya
ERC quiere fecha para unas nuevas elecciones con unas encuestas que le dan mayoría cómoda, mientras JXC se resiste y quiere seguir aferrándose al gobierno. En este sentido, Torra también se ha escudado con el estado de alarma, que le ha permitido quejarse de la gestión del estado central, mientras la pandemia iba poniendo al descubierto el estado de abandono de las residencias de abuelos/as o el sector sanitario tras años de privatización y recortes de los gobiernos Convergentes con apoyo de ERC. También ahora, el consejero de Interior, Miquel Buch, salía a pedir el derecho a concentración y manifestación, después de haber sido su departamento el primero en prohibir la concentración que habíamos convocado desde Lluita Internacionalista contra la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat. El mismo día que el Síndic de Greuges nos respondía, sin comprometerse claramente contra las prohibiciones, pero llamando la atención a Mossos por las formas y la información falsa publicada en su web asegurando que el derecho de manifestación quedaba prohibido bajo el estado de alarma.
La lucha de los sanitarios exigiendo recursos y mejoras en las condiciones laborales a las puertas de los hospitales no está siendo reprimida: no necesitan permisos, porque sería un escándalo que la policía los atacara. También empiezan a salir la Marea de Pensionistas con acciones descentralizadas y los CDRs. Desde la Plataforma 3 de octubre impulsamos la campaña por el derecho a la protesta #DesconfinemDretsiLlibertats.
Es necesario también un Plan de Choque alternativo a los que plantean el propio Gobierno, CCOO y UGT o En Comú Podem (para lavarse la cara tras el apoyo que han dado a los Presupuestos de la vergüenza) y que estas demandas de urgencia pasen a las calles con la convocatoria de movilizaciones unitarias en defensa de la sanidad y los servicios públicos, contra la represión y el autoritarismo y para que los trabajadores no paguemos esta crisis.
El caso de Nissan anticipa la crisis que tenemos encima. La multinacional cierra las plantas en el estado español, dejando sin trabajo 25.000 trabajadores, entre directos e indirectos. La pandemia ha acelerado las cosas y ha comenzado la huelga indefinida. De momento es Montcada quien empieza y con la huelga paraliza, por falta de suministro, la planta principal de Zona Franca. La empresa intenta alargar el ERTE para estos trabajadores, pero los sindicatos denuncian que el motivo que detiene la producción no es el coronavirus, sino la huelga.
La Generalitat abre negociaciones para detener el cierre. Pero recordemos el papel del consejero Felip Puig con la huelga de Panrico, al servicio de la patronal, a quien financió los despidos. Evitar el cierre no puede ir a costa de rebajar condiciones laborales o cargas impositivas a las patronales. El estado de alarma permitía la nacionalización de empresas pero, para eso, no se ha utilizado.
Con o sin estado de alarma, la respuesta al cierre es la nacionalización bajo el control de los y las trabajadoras. Hay que levantar la más amplia campaña de solidaridad con los trabajadores de Nissan.
19/05/2020
Lucha Internacionalista