Autorizaron el inicio de la construcción de la planta sin haberse cumplido las condiciones previas establecidas por la autorización ambiental del proyecto
A casi un año y medio de la firma por el gobierno anterior de la autorización ambiental para la segunda planta de celulosa de UPM sobre el río Negro, la empresa aún no ha cumplido con requisitos que debían ser previos a la fase de construcción. El gobierno actual autorizó el inicio de las obras sin que estén definidos aspectos fundamentales del proyecto y las condiciones de partida para medir sus impactos ambientales.
Una condición fundamental es asegurar que la dilución de los efluentes de la planta de celulosa no aumente la contaminación del río, ya muy comprometida en la actualidad. Este requisito define la viabilidad del proyecto y debió ser previo a su autorización, pero no se ha realizado hasta la fecha, cuando se acaba de contratar un estudio de la Facultad de Ingeniería para determinar si es aceptable o no la propuesta.
Otra condición fundamental de este y de cualquier proyecto es la información sobre la situación del medio ambiente en la zona de influencia de la planta de celulosa, que debe recogerse antes de iniciadas las obras para estar en condiciones después de medir si sus impactos son aceptables o no. Ese Plan de Monitoreo Ambiental debía estar pronto en noviembre de 2019 pero aún no ha sido completado.
De acuerdo con la autorización ambiental del proyecto, el Plan de Monitoreo Ambiental debía incluir la situación previa y la evolución de la calidad del agua y los sedimentos del río, el estado de la biota acuática, del agua subterránea y del suelo en el predio del proyecto y su entorno inmediato, la calidad del aire en la zona, incluyendo ruido y las características socioeconómicas de las comunidades involucradas.
Todos los planes de monitoreo debían estar prontos en un plazo máximo de 6 meses desde la autorización del proyecto el 14 de mayo de 2019, para disponer de no menos de 2 años de mediciones previo al inicio de la operación del proyecto y al menos 1 año de mediciones previo al inicio de actividades de construcción. Como es notorio, las actividades de construcción se iniciaron sin cumplir con este requisito.
Los riesgos y perjuicios económicos, ambientales y sociales que puede ocasionar esta conducta de la empresa y de las autoridades se están constatando, lamentablemente, con el proyecto del Ferrocarril Central. Las imprevisiones técnicas de la empresa que diseñó el proyecto, contratada por UPM, y de los responsables del gobierno uruguayo que debían fiscalizarlo, han conducido a una verdadera catástrofe.
Los vecinos de las ciudades atravesadas por el tren tenían razón cuando cuestionaron en las audiencias públicas las insuficiencias del proyecto. No obstante, hoy, cuando el gobierno actual está obligado a revisar condiciones, plazos y costos del proyecto, se sigue sin atender el reclamo de los vecinos para evitar el paso de ese tren con celulosa y productos químicos peligrosos por zonas densamente pobladas.
La repetidamente invocada "seguridad jurídica" del Uruguay y el cumplimiento de los compromisos es una vía en un solo sentido pues UPM incumple con total impunidad. A pesar de los informes técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que evidencian los incumplimientos de la empresa, las autoridades responsables de las decisiones nada hacen para controlar a UPM ni impedir los incumplimientos.
Llamamos la atención de la opinión pública por las graves consecuencias que pueden acarrear estos hechos y llamamos a responsabilidad a las autoridades.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)
20 de octubre de 2020.
Contactos: Víctor Bacchetta 098935317; Ana Filippini 098407572; Raúl Viñas 099648685
Según la actualización semestral que efectúa la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la CABA, la Canasta Básica de los Adultos Mayores asciende a $ 49.614, “esto significa que los haberes del 70% de los jubilados y pensionados están por debajo de la misma”, afirma un comunicado de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina
Teniendo en cuenta el valor de la Canasta Básica de un Adulto Mayor, con el aumento del 7,5% en septiembre la jubilación mínima apenas llega a los $17.585.- de bolsillo, por lo que solo alcanza para sobrevivir con el 35% de las necesidades básicas. Esto deja en evidencia que los haberes del 70% de los jubilados y pensionados se encuentran por debajo de la misma.
“No admite más dilaciones un aumento de emergencia en todas las categorías, para que ninguna jubilación y pensión sea inferior a la Canasta Básica de un Adulto Mayor”
La Mesa reitera lo que viene planteando ya hace tiempo: “Fondos hay, si se administran como corresponde los existentes en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y previsionales, incrementándolos con las contribuciones patronales disminuidas desde la década menemista; poniendo fin a la ilegalidad del trabajo no registrado, a la desocupación, la subocupación; con la recuperación de los aportes del Estado y los que deben provenir de impuestos especiales a las ganancias de los grandes grupos económicos”.
Junto con esto plantea el no pago de la ilegítima deuda externa y utilizar esa masa de dinero para mejorar la vida de millones de argentinos.
Por último el comunicado reitera la lucha por que la ANSES y el PAMI sean dirigidos y administrados por representantes de trabajadores activos, de jubilados democráticamente elegidos y con la participación del Estado, como está previsto en el proyecto de Nueva Ley Previsional y Ley de Normalización del INSSJYP (PAMI), elaborado por la Mesa.
Después de un debate interno la central sindical decidió impulsar la juntada de firmas para convocar a un referéndum para derogar la LUC o parte de ella. ¿Es una apuesta arriesgada? ¿Qué pasa si no se obtienen las firmas o se pierde el referéndum? ¿Cuáles pueden ser los costos de una derrota? ¿Hay estructuras militantes como para obtener las alrededor de setecientas mil firmas necesarias? ¿Es un tema sentido por la ciudadanía? ¿Enfrenta al Frente Amplio a una contradicción ya que votó parte de la LUC? ¿La decisión es producto de la lucha interna del movimiento sindical o apunta a la acumulación estratégica? ¿Se trata de gimnasia sindical para mantener activa a la militancia? ¿Este intento no tiene como posible efecto secundario unir más a la coalición gobernante?
Voces 17 oct 2020
Cruce de caminos por Fernando Pioli
El hecho de juntar firmas para derogar la LUC en su conjunto es un arma de doble filo, y es inviable, por inconveniente, que la principal fuerza política de izquierda se embarque en ese Titanic. De los últimos actos eleccionarios queda claro que la izquierda es una fuerza en retroceso, si bien la elección municipal muestra un piso electoral que supera a la elección nacional en el terreno concreto el resultado implica pérdida de territorios gobernados por el FA. El propio FA votó afirmativamente muchos artículos de esta ley, ¿de qué modo creíble puede ahora ir a decir que la quiere derogar en su conjunto?
Hay cuestiones que son de fondo, de contenido y hay cuestiones que son de estrategia e incluso de oportunidad. Si no se hace el esfuerzo por identificar los puntos concretos en que la LUC puede ser rechazada se va en camino a un fracaso que resultará legitimador de la propia ley. Es más, si la iniciativa fracasa queda abierto el camino para que la coalición que tiene mayoría parlamentaria saque de la galera nuevas leyes y el recurso de la iniciativa popular se desgaste.
Existen hechos incontrastables, tras 15 años de hegemonía política la izquierda uruguaya perdió pie porque el enojo, justificado o no, la sacó del gobierno. El gobierno actual se encontró con un desafío que es el arribo de una pandemia global y su respuesta ha sido respaldada por la mayoría de la población y ese es un obstáculo difícil de superar. No es políticamente viable ir de frente contra un gobierno que goza de respaldo popular.
De todos modos es bastante factible que en los próximos meses ese respaldo comience a deteriorarse en la medida que los efectos de las decisiones políticas del nuevo gobierno vayan dejando atrás las secuelas de la pandemia y cobren fuerza elementos más estructurales. Es decir, en los próximos meses se harán patentes en la población los efectos de las decisiones políticas que se están llevando a cabo ahora y esa es la ventana de oportunidad que se tiene que aprovechar, pero siendo conscientes que no se puede ir contra una generalidad abstracta, sino en contra de cuestiones concretas que puedan hacerse carne en la población. Si la izquierda se vuelve voluntarista y no práctica corre el riesgo de no poder actuar en la realidad y solo conservar un valor testimonial.
O sea, hagamos lo que hagamos que siempre sea con inteligencia. Si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien.
Es su trabajo por Cristina De Armas
Cuenta la historia no escrita de la política – esa que suele ser la más rica – que un día un joven diputado colorado se acerca a un veterano caudillo blanco con su proyecto de ley en la mano y le consulta su opinión. Excelente – le responde – me voy a oponer en forma contundente. -Pero, si acaba de decir que es excelente. – Es mi trabajo oponerme.
Y ese es el punto, cada quien tiene que jugar su rol, oficialismo, oposición y también el sindicalismo, todo dentro de esta nueva normalidad sin grandes manifestaciones
La Central Sindical ha sido clara en su posición sobre la Ley de Urgente Consideración desde un inicio; la ha considerado inconveniente, abusiva y restrictiva. Hoy se pretende llevar ese descontento a la consulta popular directa y este momento en que escribo aún no decide si plantear derogar la LUC en su totalidad o algunos artículos y a su vez el Frente Amplio no plantea su apoyo con seguridad.
Parece que el gran cambio es la pandemia que ha provocado un repliegue de la militancia, que la atención de la población se centre en otros temas; sin embargo, el cambio mayor se encuentra en lo político, por debajo de la emergencia sanitaria y la crisis económica el sistema político se va a agrupando en dos grandes bloques, el bipartidismo y la alternancia son desde hace tiempo parte del discurso y de las decisiones. Aquella unión entre la izquierda y los sindicatos hoy se tambalea ante los compromisos políticos de una fuerza que ha entendido luego de quince años de gobierno, que ha llegado el tiempo inevitable de negociar.
El sindicalismo seguirá adelante, la coalición si cae o se fortalece será por sus propias circunstancias internas pero la izquierda tiene por delante un desafío importante, que tanto quiere y puede hacer su trabajo de oposición.
Lo Único Coherente por José Luis Perera
No voy a defender la LUC. El gobierno jugó sus cartas, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Es un gobierno de coalición, y la misma está atada con alambres; algunos socios no son lo suficientemente confiables como para pensar que estarán como tales hasta el final del período, y, por lo tanto, le era imperioso asegurarse un paquete de leyes al inicio del período. Fue lo que hizo.
El PIT-CNT, que fue oficialista durante quince años, ahora será oposición, cosa que todo el mundo sabía desde un principio, y no esperó demasiado para ubicarse en esa postura.
En los primeros días de abril, el gobierno hizo llegar a todos los legisladores el proyecto de LUC. La cuestión ya había sido tema de campaña electoral, y ya había recibido críticas en ese momento por parte del FA y también del PIT-CNT.
Además, desde febrero, el borrador había sido discutido con diferentes organizaciones de la sociedad, y había provocado cambios en varios de sus capítulos.
Finalmente el proyecto ingresó al Parlamento recién a fines de abril.
En los primeros días de mayo el PIT-CNT ya estaba poniendo en marcha movilizaciones contra la LUC, y el 18 de mayo, convocado al Parlamento, expresó su más absoluto rechazo a la ley.
Entre otras cosas: “No compartimos presentar bajo la forma de urgente consideración un proyecto de más de 500 artículos, que toca prácticamente todos los aspectos de la vida del país y que requeriría plazos de debate, intercambio e información bastante más prolongados que los que prevé la Constitución para estos proyectos».
Esto es: la central se oponía porque “no había tiempo” para el debate y la información, pero ya desde antes de conocer el articulado estaba en contra. El proyecto ingresó a fines de abril y el 18 de mayo ya el PIT-CNT tenía un documento rechazándolo. ¿No era que no había tiempo?
También dijo el presidente del PIT-CNT Fernando Pereira que “Uruguay tiene en este momento más de 200 mil trabajadores en el seguro de paro. Esa es una urgencia, el trabajo; Uruguay tiene cerca de 400 mil hogares o personas ganando menos de 20 mil pesos líquidos, y esa es una urgencia; Uruguay tiene gente que está entrando a la pobreza”.
Tarde se acordó Pereira de esos cientos de miles que ganaban una miseria durante su gobierno, y de la pobreza que ya existía antes de comenzar este gobierno y la desocupación que ya había empezado a crecer en diciembre.
Nunca movió un dedo para frenar ignominias para el país como la de UPM2 o la bancarización obligatoria.
Sería Lo Único Coherente, e infinitamente más productivo, tanto para el PIT-CNT como para el FA (y para todas las fuerzas que se consideren de izquierda), dedicar todos sus esfuerzos en una profunda autocrítica, para encontrar los por qué de tanta decadencia en todos estos años.