Búsqueda 13 mayo, 2021
El martes 11 el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa Javier García entregaron al fiscal de Corte y a las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) documentos encontrados a fines de abril en el Grupo de Artillería N° 5 del Ejército, que funcionó como centro clandestino de detención y tortura entre 1972 y 1974.
El material refiere a informes militares elaborados durante la última dictadura, entre los que se encuentran librillos del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), partes especiales de información y sumarios de informaciones del Estado Mayor del Ejército y recibos de entregas de efectos a personas detenidas, de los cuales El País informó el domingo 9.
Horas después de ser entregados a la Fiscalía y a la INDDHH, el gobierno puso todos los archivos a disposición pública ordenados en nueve carpetas en el sitio web del Ministerio de Defensa. Uno de ellos, analizado, evidencia que el Ejército Nacional conocía de primera mano la metodología de su par argentino de matar a guerrilleros en prisión, aun antes de que en ese país comenzara la dictadura. Se trata de un parte especial de información de enero de 1976 producido por el Departamento II del Estado Mayor del Ejército.
El documento de cuatro páginas se titula Principales características de las actividades del Ejército argentino en la zona de operaciones de la provincia de Tucumán en el desarrollo de actividades anti sediciosas (Operativo Libertad).
Refiere directamente a lo que hoy es conocido como Operativo Independencia, una acción militar iniciada en febrero de 1975 y ordenada vía decreto por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, por el cual el Ejército y la Fuerza Aérea argentina buscaron neutralizar a organizaciones que, inspiradas en la Revolución cubana, operaban en el noroeste argentino con la intención de desplegarse y controlar todo el país.
El parte de información lleva la firma de Nelson B. Viar, entonces jefe del Departamento II del Estado Mayor del Ejército. Al comienzo describe el inicio de las tareas militares en Tucumán en 1975 y la integración de las brigadas que allí actuaban, formadas por oficiales, suboficiales y soldados de distintas unidades, una avioneta y siete helicópteros. Luego profundiza sobre la zona geográfica y las estrategias de combate militar.
“Se realizan operaciones en la zona rural y en la zona urbana. En la zona rural, por medio de patrullas que se internan en el monte, rastrillando durante el día y realizando contraemboscadas durante la noche. Otra forma de operar en ambiente rural es mediante el uso de dos helicópteros, uno artillado (…) y el otro con un grupo de fusileros, que en caso de encontrar bases, depósitos o grupos subversivos, descienden y entablan combate, mientras el primero desde el aire lo dirige y lo apoya con su fuego. (…) En la zona urbana, la Policía y últimamente el Ejército realizan operaciones similares a las realizadas en nuestro país. La mayoría en forma clandestina”, afirma.
En cuanto a los “elementos subversivos” que se pretende neutralizar, el informe calcula que para ese momento eran 52 personas reclutadas desde toda Argentina, principalmente en Buenos Aires, y advierte sobre las dificultades para detectarlos, ya que su uniforme era el mismo que el del Ejército pues lo robaban de los propios depósitos militares, “con la diferencia que en vez de botas, usan alpargatas y no poseen cascos”.
Con respecto a las detenciones de “sediciosos”, el documento sostiene que al comienzo del Operativo Independencia eran interrogados y luego puestos a disposición del Poder Ejecutivo, quien “normalmente los liberaba inmediatamente”, habiendo casos de personas que fueron capturadas dos o tres veces en la misma zona. Sin embargo, añade que a mediados de julio de 1975 este procedimiento cambió.
“Los detenidos luego de ser llevados a la ‘Escuelita’ (una escuela abandonada que existe en el lugar) donde trabaja un equipo de interrogadores de la Brigada de Infantería V, son interrogados (con intensos apremios físicos) y posteriormente muertos, apareciendo sus cuerpos en otros lugares, inclusive otras provincias”
Añade que la moral de los elementos subversivos era ya “muy baja” para 1976. “La desaparición de muchos de sus integrantes así como las deserciones y en especial la muerte de varios de sus jefes, ha incidido en ello”, explica.
El Operativo Independencia continuó hasta 1979, ya derrocada Martínez de Perón y entrada la dictadura en Argentina, con un saldo aproximado de 600 personas desaparecidas.
Campaña de desprestigio
Los 1.650 folios hallados en el Grupo de Artillería N° 5 fueron digitalizados por el Ministerio de Defensa, que también entregó una copia a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Tienen declaraciones de detenidos, órdenes de captura, detalles sobre operativos militares e imágenes de militantes. Entre los nombres mencionados figuran Eleuterio Fernández Huidobro, Wilson Ferreira Aldunate, Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, José Mujica y Lucía Topolansky.
La decisión de subir los archivos rápida y enteramente a Internet, al alcance de quien lo desee, marcó un contrapunto respecto al manejo de material relacionado con la dictadura por parte de los gobiernos del Frente Amplio. Obedece a una política de transparencia y acceso ágil a toda información sobre el tema que tiene el ministro García y que le fue ratificada esta semana por Lacalle Pou, cuando le informó personalmente del hallazgo, dijeron fuentes oficiales.
“Venimos a cumplir con un compromiso que el presidente hizo en campaña electoral y que ratificamos el 1° de marzo del año pasado. Consistía en dar toda la información que estuviera a nuestro alcance a los efectos de poder transferirla y darla a los organismos competentes en la materia, sobre un período tan trágico de la vida del país. Hoy no hicimos ni más ni menos que ser coherentes con ese compromiso de ofrecer la información disponible”, indicó García el martes 11 en conferencia de prensa, tras retirarse de la Torre Ejecutiva luego de sus encuentros con el presidente, el fiscal de Corte y los representantes del INDDHH, Wilder Tyler y Mariana Mota.
También al salir de la reunión el fiscal de Corte, Jorge Díaz, adelantó que en 48 horas se determinará cuánto del material recibido tendrá un posible uso judicial. “Creo que tiene muchísima información de hechos ocurridos dentro y fuera del país y nos parece que va a ser un aporte sustancial para llevar adelante las investigaciones que tiene que llevar adelante la Fiscalía de Lesa Humanidad”.
Además de las acciones del Ejército argentino en Tucumán, otro archivo de 1976 refiere a una carta en contra de la dictadura uruguaya que menciona a militantes asesinados y desaparecidos, denuncia “los atropellos del régimen de Bordaberry y los mandos” y reclama “a los uruguayos y a los habitantes de la tierra dignos desenmascarar la política criminal de la dictadura uruguaya”. El texto es reproducido en un documento del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) del Ejército firmado por el general Esteban R. Cristi, titulado: Ejemplar de carta mediante la cual se prosigue la campaña de desprestigio de nuestras autoridades.
Uno de los folios encontrados en el Grupo de Artillería N° 5 tiene como protagonistas al expresidente José Mujica y a la senadora Lucía Topolansky, entonces guerrilleros tupamaros. Es un parte de información del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) del Ejército que resume declaraciones de ambos en prisión, en setiembre de 1972.
Allí Mujica y Topolansky mencionan la supuesta ubicación de cinco “montes habitados por ‘sediciosos’ últimamente”: Millán y Lakoq (sic), monte de ANCAP (Instrucciones y la vía), monte de Lourdes, viveros de Camino Tomkinson y montes a la altura de Villa Argentina.
La pareja estuvo detenida desde 1972 a 1985.
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Hace exactamente 10 años y un día, nuestro columnista y redactor Santiago Torres publicaba esta columna en CORREO. A propósito de los documentos hallados en el Grupo de Artillería N° 5 -y de sus contenidos- entendemos oportuno su republicación.
Por Santiago Torres Correo de los Viernes 14 mayo 2021
El título no pretende ser una humorada ni una ironía. De hecho es la cita textual del testimonio de una tupamara ("Mónica"), a quien el periodista Leonardo Haberkorn entrevistó para su último libro, "Tupas y milicos", de Editorial Fin de Siglo (ver El Observador del 12/05/2011). De hecho, la cita completa es la siguiente: "El clima era totalmente peruanista. (...) Eran cuadros del Ejército que compartían esa visión de cambiar el Uruguay. Tenía claro que para que esos planes se hicieran realidad tenía que haber un golpe de Estado. Algo así como milicos y tupas unidos y adelante. Era la toma del poder unidos con los enemigos. Nunca pensé que fuera a ser un proceso pacífico, no se podía pensar que eso fuera a ocurrir por un proceso electoral"
La alianza del MLN con el Ejército o, al menos, un importante sector del mismo, en 1972, o sea, antes del golpe de estado, no es precisamente una novedad.
En 1987, los periodistas Alberto Silva y Nelson Caula -notoriamente allegados al MLN- publicaron "Alto el fuego" donde se narra la colaboración entre tupamaros y oficiales del Ejército en el Batallón Florida para lograr una tregua entre ambos "bandos" y para combatir los "delitos económicos", en lo cuales los tupamaros -y los militares también- involucraban a empresarios y políticos de los partidos tradicionales. Para los militares, ello suponía "combatir las causas de la subversión". Para los tupamaros, combatir "a la oligarquía". Le llamaron "Operativo Fogata". Ambas cosas, la tregua y el "Operativo Fogata", por cierto, fueron llevadas a cabo por fuera de los canales institucionales del país, con desconocimiento de los tres Poderes del Estado.
En "Alto el fuego", el tupamaro Ettore Pierri (a la sazón, preso en el Batallón Florida y procesado por la Justicia Militar) narró a Caula y Silva las singulares operaciones que se llevaban a cabo: "El trabajo consistía en traer información, obtenerla, estudiarla, extraer de ahí nombres de presuntos implicados en fraudes o en ilícitos y a partir de eso, instrumentar operativos cuyo objetivo era agarrarlos presos"
A ver si se entiende: bajo supervisión militar, tupamaros presos y procesados salían clandestinamente a recoger ilegalmente "pruebas" para implicar a civiles en presuntos "delitos económicos" y que éstos fueran prendidos por los militares, también clandestinamente.
Uno podía presumir qué ocurría con aquellos presuntos "delincuentes económicos" una vez en manos de los militares, pero no se sabría fehacientemente de la colaboración tupamara en las sesiones de tortura realizadas por los militares contra esos civiles, clandestinamente detenidos en el marco del "Operativo Fogata", hasta la publicación en 2003 de "Ecos revolucionarios. Luchadores sociales, Uruguay, 1968 - 1973" de Rodrigo Véscovi (otro ostensible simpatizante de la guerrilla).
En su libro, Véscovi recoge varios testimonios sobre ese horror. El propio Véscovi explica: "El Operativo Fogata fue el primero que se ejecutó. Consistió en la investigación, por parte de algunos presos políticos, de varias compañías de seguros que actuaban de forma ilegal y la detención, por parte de los militares, de sus gerentes".
A Véscovi no se le ocurre que la primera ilegalidad era la detención de esas personas. Pero yendo a los testimonios, el libro de Véscovi recoge, por ejemplo, el de -nada menos- el hoy renunciante senador Eleuterio Fernández Huidobro, comentando sobre la tortura practicada por los militares al contador León Buka: "Nosotros vimos torturar horriblemente a un contador de varias empresas. Y no cantó, estaba defendiendo la plata de otros burgueses, pero eran sus clientes. No dijo nada. Lo deshicieron".
Estremece no sólo el relato de las consecuencias de la tortura sino el punto de vista de Fernández Huidobro: el contador era culpable por definición. Para él no es que "no dijera nada" porque tal vez fuera inocente sino por "solidaridad de clase". No hay en las palabras de Fernández Huidobro condena alguna a la tortura. Es que era tortura aplicada a "los malos". Tortura, dicho sea de paso, que tenía vínculo directo -consecuencia de una causa- con los operativos realizados por los tupamaros bajo supervisión militar.
El libro de Véscovi también contiene el testimonio de otro tupamaro, Pedro Montero, que veía las cosas de manera diferente: "Lo que no puede ser es que hubiese compañeros nuestros haciendo, digamos, de soporte asistencial a los torturadores y preguntando". "Preguntando", dice Montero. O sea, interrogando... ¡Otra que "soporte asistencial" tupamaro a los militares torturadores!
Pero ahora avanzamos un paso más en el conocimiento de esa historia reciente que tanta gente -y con relativo éxito- se ha venido empeñando en reescribir. Porque el libro de Leonardo Haberkorn no sólo da cuenta de todo lo anterior, esto es, la colaboración tupamara en arrestos ilegales que conducían a la tortura y en interrogatorios. Esta nueva investigación nos abre las puertas de un capítulo todavía más escondido: la práctica directa de torturas por parte de tupamaros, junto a militares, a los detenidos ilegalmente por presuntos "delitos económicos"
En su libro, Haberkorn señala: "Sin que mediara la orden de un juez, los oficiales de La Paloma realizaban allanamientos en diferentes empresas o estudios contables y expropiaban libros o documentos para investigar si existían delitos económicos que merecieran ser perseguidos. El Ejército y el MLN, juntos, actuaban así por encima del Poder Judicial y del sistema institucional en su conjunto".
La participación tupamara en esos allanamientos ilegales es así descrita por el ex tupamaro Carlos Koncke en estos términos: "Yo iba vestido de civil. Recuerdo que entrábamos a los lugares bien al estilo militar: duros, atropellando, y todo el mundo en el molde. Fui a dos o tres lados así".
El coronel (r) Luis Agosto narra la idea original de esa colaboración tupamara fue de los sediciosos detenidos, quienes manifestaron: "(...) ustedes nos cagan a patadas a nosotros, pero a los que causaron todo este despelote, no".
Poco tiempo después, reciben la orden superior de aceptar la colaboración tupamara. Pero Agosto revela algo más terrible aún referido a qué ocurría con los detenidos en esas operaciones: "Los tupas se prestaban para estar en celdas cercanas y gritar en esos momentos. Desde la pieza de al lado a la que usábamos para interrogar a los ilícitos, los tupas gritaban: «No, no me mates, no me mates», y los tipos se asustaban y declaraban sin que les hiciéramos nada. Los tupas gritaban y los tipos se cagaban y pedían para confesar".
A eso se le llama tortura psicológica y también se llevaba a cabo sobre los tupamaros.
Como ya vimos, no fue que todos "se asustaban y declaraban sin que les hicieran nada". Koncke se refiere al caso del contador Buka, ese al que Fernández Huidobro consideraba culpable por naturaleza y que "no cantaba por defender a los burgueses". Koncke tiene una visión diferente y declara a Haberkorn:
"Lo detuvieron porque lo denunció un tupa de veintipocos años, un estúpido, un débil mental que lo hizo solo para estar bien con los milicos. ¿De qué lo acusaban?, de nada. ¡En aquel momento no existía el blanqueo de capitales, porque no había impuesto a la renta! Pero los milicos no entendían nada de nada. Lo torturaron de manera brutal. Yo sentía necesidad de consolarlo, de acercarme y decirle: «Mire que esto va a pasar», pero no lo puede hacer"
Así que los tupamaros colaboraron con los militares para investigar, detener, interrogar, legitimar que los militares torturaran físicamente y ellos mismos torturar psicológicamente a empresarios y profesionales. Ese sólo conjunto de hechos ya calificaría a esos tupamaros como "terroristas de Estado". ¡Pero aún hay más!
Cuenta Koncke lo siguiente:
"A mí los militares me quisieron llevar a interrogar, pero yo les dije que de ninguna manera, que eso era cosa de ellos. Pero sí recuerdo a un tupa que sí aceptó interrogar a los ilícitos y fue. Yo lo vi. ¡Lo vi yo mismo! Era un tipo muy especial, un verdadero rico tipo. Y cuando volvía se ufanaba: ¡Yo le metía la cabeza en el tacho, sí! Estaba orgulloso de lo que había hecho".
El ex guerrillero Pedro Montero -que también había declarado para Véscovi- le señaló a Haberkorn lo mismo que a aquél: "Después se torturó a toda la gente de Jorge Batlle y participamos nosotros en la tortura. Recuerdo que dentro del batallón de artillería 2 viví la tortura de civiles de derecha y a eso me opuse. Lo que no puede ser es que hubiese compañeros nuestros haciendo, digamos, de soporte asistencial a los torturadores y preguntando. Y eso para mí, que me disculpen, no lo paso ni lo dejo pasar, lo denuncio. Era infame".
Interrogado por Haberkorn respecto de esa colaboración activa y protagónica de los tupamaros con la tortura, el director del novel Centro Uruguayo de Imagenología (CUDIM), el tupamaro Henry Engler ("Octavio", en sus tiempos con "los fierros") expresa para el libro: "Es espantoso, espantoso. Inadmisible. El MLN siempre descartó la tortura. Eso fue una deformación".
Adviértase que Engler no desmiente nada. Y luego procura darle una "explicación":
"Si uno está luchando en el campo, donde es posible reunirse todos los días y reflexionar sobre lo que está haciendo, puede ser (que esto pase) (...) Uno se va endureciendo, pero la ternura le cuesta mantenerla. Uno se pone más duro, es casi inevitable. De la misma manera que el que comienza a torturar empieza a ir un pasito más, un pasito más, montones de barreras que tenemos desde el nacimiento, o por la educación que recibimos, se van rompiendo".
Si uno aplicara la novedosa doctrina jurídica que viene aplicándose en muchos juzgados -y que la Suprema Corte de Justicia acaba de desestimar- de que el delito de "terrorismo de Estado" puede y debe aplicarse en forma retroactiva (tesis Guianze que varios jueces ampararon), todos los tupamaros que colaboraron con los militares, ya fuere aportando información, participando en allanamientos ilegales, interrogando o torturando directamente, actuaron como agentes del Estado de hecho y, por tanto, cometieron el delito de "terrorismo de Estado".
¿A esos tupamaros también se les va a aplicar la retroactividad penal? Con franqueza, esperamos que no, porque nada ganaría el país y, por fortuna, hay una Suprema Corte que ha puesto los puntos sobre las íes ante ese desaguisado jurídico.
Sí nos permitimos señalar, en cambio, que si se trata de "saber la verdad", entonces también es bueno que se conozca este costado oscuro y hasta ahora bien escondido de la verdad. Seguramente contribuya a explicar muchas marchas y contramarchas en el anacrónico y disparatado debate en torno a la Ley de Caducidad de estos días.
Y al respecto, se impone preguntarle a quienes siguen insistiendo en este tema: ¿hubo "tortura mala" y "tortura buena"?