Un grupo de académicos criticó al gobierno de Alberto Fernández y se refirieron a las próximas elecciones legislativas en el país.
Esta es la carta presentada
Un grave peligro se cierne sobre la democracia argentina. No el peligro de un golpe militar como los que conocimos en el pasado, sino otro mucho más sutil que se enmascara bajo la retórica del altruismo y la solidaridad. Antes, los autoritarios se levantaban en armas y gobernaban con los fusiles. Eso ya no existe. Ahora llegan al gobierno con el voto popular y usan el poder para corroer el sistema desde adentro hasta convertirse en autócratas. Nepotismo, colonización del Estado, acoso a los contra-poderes, desprotección de amplios sectores de las capas medias y bajas y fraude electoral. Esas son las tácticas del golpismo del siglo XXI
Nicaragua y Venezuela son casos paradigmáticos. En Nicaragua, la policía de Daniel Ortega y su mujer, un sistema matrimonial que se aferra al poder mediante el fraude, arrestó en pocos días a cinco de los principales líderes de la oposición: los precandidatos presidenciales Félix Madariaga y Juan Chamorro, el diplomático Arturo Cruz y los periodistas Cristiana Chamorro y Miguel Mora. También encarceló a muchos de los que habían combatido a su lado en la guerra civil contra el dictador Anastasio Somoza, como Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez y Hugo Torres. Todos ellos están presos por una única razón: denunciar los atropellos del régimen.
En Venezuela, Hugo Chávez se adueñó del Congreso y el Poder Judicial, cerró medios de prensa, arrestó a opositores, expropió empresas y nombró a su sucesor como si los venezolanos vivieran en una monarquía hereditaria. Hace unos días, tres intelectuales, Rafael Rattia, Juan Manuel Muñoz y Milagros Mata Gil, fueron detenidos bajo el cargo de violar la “ley de odio”, luego de que escribieran artículos críticos contra el régimen en los pocos medios independientes que quedan. Estas nuevas víctimas se suman a los miles de muertos y desaparecidos de Nicolás Maduro, que tortura, asesina impunemente e implanta el terror mediante sus macabros servicios de inteligencia, como lo ha probado el Informe Bachelet.
El sello distintivo del autoritarismo populista, que se repite en Rusia, Filipinas, Bielorusia y Hungría, es que destruye la democracia desde adentro, convirtiendo el gobierno por la mayoría en el gobierno petrificado y hegemónico de una mayoría. El cambio de régimen no se produce de un día para otro, sino mediante una estrategia progresiva, que prepara el terreno con violencia discursiva, narrativas épicas y ofrendas simbólicas, para luego pasar, en su etapa de metástasis, a proscripciones, encarcelamientos y expropiaciones. Los gobiernos populistas requieren enemigos para fortalecer su propia estructura maniquea, por lo cual aíslan a sus países del mundo y claman por una unidad que aniquila el pluralismo, la disidencia y la diversidad.
Mientras nos mantienen en guardia contra peligros inexistentes —las dictaduras militares, los “poderes concentrados”, los “holdouts”, el campo, la “prensa hegemónica”— desarman uno a uno los resortes de la democracia republicana hasta convertirla en un mero membrete y una cáscara vacía. Lamentablemente, cuando los abusos se vuelven evidentes siempre es tarde: el nuevo orden ya está consolidado y las denuncias resultan infructuosas.
Fue siguiendo esta lógica que en sus gobiernos previos el kirchnerismo intentó apropiarse de la prensa, colonizar la justicia y perpetuarse en el poder mediante la alternancia familiar. Ese plan fracasó por la resistencia de la sociedad civil, las sentencias de la Corte Suprema y la derrota electoral que sufrieron en 2015. Pero en este cuarto mandato el kirchnerismo volvió a la carga con dispositivos aún más extremos y de una inusual gravedad institucional: presión sobre jueces y fiscales, muchos de ellos desplazados de sus cargos, impunidad y liberación de políticos, empresarios y sindicalistas condenados por varias instancias o bajo procesos gravísimos por delitos contra el Estado, desmantelamiento sistemático de las causas por corrupción y la amenaza latente de reducir el Ministerio Público a una dependencia sujeta al Poder Ejecutivo. El plan avanza a la vista de todos.
Un trágico síntoma de la descomposición democrática que vivimos fueron las severas restricciones de las libertades fundamentales durante la cuarentena, picos de violencia estatal nunca vistos en democracia y, muy especialmente, la clausura de la escolaridad que abandonó a los sectores más vulnerables de la sociedad. También el manejo opaco en la compra de vacunas, con sospechas de un intento de imposición de “socios locales” bajo los eufemismos de la “soberanía sanitaria” y la “transferencia de tecnología”, dejaron al descubierto la paradójica ficción de un gobierno que se presentaba como adalid de la vida: hoy somos uno de los países con más contagios y muertes por habitante del mundo. Y también somos uno de los países que más pobreza generó mediante el brutal y precipitado cierre de su economía. La cuarentena hizo un gran aporte al programa autoritario, dejando a miles de familias completamente subordinadas al clientelismo y la “ayuda” del Estado.
Por eso creemos necesario advertir sobre el peligro que nos acecha mientras estemos a tiempo. Los renovados ataques al periodismo mediante causas judiciales armadas desde los sótanos del poder, el intento de desplazar al Procurador General de la Nación, la amenaza constante de avanzar sobre la Corte Suprema, reformar la Constitución e imponer un “nuevo pacto social”, la destrucción de la matriz productiva, el apoyo directo o indirecto a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua y a la organización terrorista Hamas, y cierta retórica del Presidente sobre una presunta senilidad del capitalismo (cuando en rigor con algunos capitalistas negocia abiertamente y a otros los mantiene alejados de los beneficios de la relación presidencial), son obvios indicios de un camino que podría no tener regreso. El famoso apotegma “Vamos por todo” cobró una inquietante actualización.
En vista de lo anterior, las próximas elecciones tienen una importancia trascendental. Si el kirchnerismo suma nuevas bancas vaciará hasta la última gota de esa democracia que trabajosamente construimos con el pacto del “Nunca Más” de 1983. No es hora de especulaciones. La oposición debe deponer las mezquindades y los personalismos estériles. Pero también debe trazar con firmeza un horizonte de país deseable: una democracia liberal e inclusiva, con propiedad privada, con respeto de las minorías y los derechos individuales, con educación y salud públicas de excelencia, con seguridad en el espacio público, con trabajo, con inversión, innovación y apertura al mundo. Un país que recupere la capacidad de entusiasmar, en el cual la juventud no elija irse. Urge dotar a la Argentina de una segunda piel republicana, para lo cual la elección debe imponer la cesantía del plan autoritario.
La carta está firmada por Juan José Sebreli, Beatriz Sarlo, Luis Alberto Romero, Santiago Kovadloff, Maximiliano Guerra, Marcelo Birmajer, Marcos Aguinis, Sandra Pitta, Daniel Sabsay, Marcos Novaro, María Sáenz Quesada, José Emilio Burucúa, Marcelo Gioffré, Miguel Wiñazki, Jorge Sigal y Julio Montero.
También sumaron sus nombres Sabrina Ajmechet, Federico Andahazi, Osvaldo Bazán, Héctor Guyot, Liliana de Riz, Alfredo Casero, Gonzalo Garcés, Jorge Ossona, Alejandro Fargosi, Alejandro Bongiovanni, Fernando Pedrosa, Alejandro Carrió, Leopoldo Kulesz y Alejo Schapire.
La caída pronunciada de los costos y el aumento de la eficiencia de los paneles solares aumentará de modo exponencial en los próximos años la generación de basura cuya disposición final (para descarte o reciclado) no sólo no está prevista, sino que es tan cara que difícilmente sea rentable, a lo que se suma el problema de que es difícil determinar quiénes deberán asumir los costos de esa disposición. Los paneles solares poseen, entre otras cosas cadmio y plomo, cuyo posible impacto sobre la vegetación y la salud humana y animal es enorme y comprobada por abundante literatura científica al respecto.
En Uruguay, por ejemplo, conocemos bien los estragos del plomo en la salud de niños y adolescentes de La Teja y otros barrios de la ciudad de Montevideo. Conocemos también aquí casos de políticas ambientales, supuestamente ecológicas, mal planificadas, como el caso de UTE y la presión -vía publicidad y aumento enorme de los precios de la electricidad- para la sustitución de las bombitas lumínicas incandescentes por las de bajo consumo, que poseen mercurio y para las cuales no se pensó al comienzo ni se ha pensado hasta ahora, décadas después, de un plan de disposición final. O sea: terminan en los vertederos comunes.
Los problemas ecológicos no son sencillos, y el cortoplacismo es mal consejero. Y peor consejero es la "gobernanza" de estos asuntos junto al poder corporativo. Un buen ejemplo de esta ilusión pseudo ecologista, es el caso de la producción masiva de aerogeneradores y vehículos de transporte eléctricos, que en ambos casos son intensivos en el uso de energía fósil (para su producción y mantenimiento) y que además, al menos en nuestra región, se implantan con un extraordinariamente alto subsidio estatal (en Montevideo, por cada ómnibus eléctrico de 400.000 dólares que compra una empresa de transporte, recibe 300.000 dólares de la IMM, o sea dinero de los contribuyentes, y a nivel nacional la generación eléctrica vía energía eólica también ha recibido subsidios millonarios de los gobiernos nacionales de todo signo político). Es decir, lo que a primera vista puede parecer una solución, puede ser en realidad una falsa solución que incluso empeora el problema inicial.
Nuestra civilización se acerca a un punto clave por haber traspasado el pico de producción de petróleo, fuente de energía en la que funda casi todo su funcionamiento. Viene un período de ajuste por la pérdida de capacidad global de producción de energía. No se puede sostener un sistema fundado en el crecimiento económico infinito, necesitado cada vez de mayores niveles de energía y al mismo tiempo un medio ambiente sano (incluyendo en este concepto la salud humana).
Quizá no están tan errados los que proponen un modo de vida más sencillo, con niveles más bajos de energía, centrado en la satisfacción de necesidades y no en el crecimiento económico, economías más locales y sociedades a escala humana. No lo sé.
Lo que sí parece muy probable, es que si esto no opera en clave individual y colectiva, operará en clave corporativa, y en las próximas décadas veremos una sucesión de pandemias estratégicamente producidas, catástrofes climáticas reales y simuladas, y quién sabe cuántos otros cataclismos gestionados por una élite global que las aprovechará para concentrar cada vez más el poder, ya que tiene sí un claro objetivo: mantener un nivel de vida lujoso a costa no sólo del bienestar, sino incluso de la supervivencia de la gran mayoría de la humanidad.
Andrés Núñez Leites