frente a las candidaturas para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos
El Servicio Paz y Justicia a la opinión pública, ante el proceso de candidaturas para el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
SERPAJ celebra que, luego de un largo proceso iniciado en el año 2005, el Estado uruguayo haya puesto en marcha los pasos iniciales para la concreción de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, según lo dispuesto en la Ley No. 18.446, de diciembre de 2008.
Uruguay, un país formalmente respetuoso de los derechos humanos, tenía en el debe la creación e implementación de una institucionalidad para instrumentalizar su política de Estado en la materia, en consonancia con los países hermanos de la región y el mundo.
La nueva estructura tiene un alto valor simbólico en el fortalecimiento y la promoción de la cultura democrática, de la cual los derechos humanos son pilar fundamental.
En este sentido, la concebimos como una herramienta valiosísima para implementar el derecho a la igualdad, toda vez que su esencia es la de fiscalizar que la administración pública no cometa atropellos contra los derechos humanos de ninguna persona o colectivo de personas.
SERPAJ se autodefine como una organización de promoción, educación y defensa de los derechos humanos y la paz y adhiere a la concepción de los derechos humanos en tanto construcción integral.
Por ello afirmamos que una institución de derechos humanos debe ser defensora, promotora y educadora en la integralidad de los derechos humanos, a la vez que un potente instrumento para combatir la impunidad, la arbitrariedad y la discrecionalidad, “legadas” de las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante la última dictadura cívico – militar.
Nos interesa fundamentalmente, que además de cumplir con los requisitos esenciales en la formalidad, la Institución sea una estructura eficaz, lo cual dependerá sin lugar a dudas de la legitimidad que la misma pueda construir.
Por tal razón creemos que la participación de la sociedad civil es fundamental en esta primera etapa de postulación de los/as candidatos/as al Consejo Directivo, así como en el seguimiento de la constitución orgánica, la elaboración de la agenda y planes de trabajo y la evaluación de su gestión.
En este sentido, y ante la eventualidad de presentar candidaturas vinculadas directamente a “cuotas políticas” enfatizamos que la legitimidad está directamente relacionada con las capacidades y competencias de quienes desempeñarán la labor directiva, quienes independientemente de su afiliación político partidario deben tener una probada trayectoria en el campo de los derechos humanos y ser capaces de sostener su compromiso desde el abordaje integral de los mismos.
Montevideo, 17 de febrero de 2012
Servicio Paz y Justicia – Uruguay-