El gobierno aprobó puente sobre Laguna Garzón para la oposición cedió a “presiones” de un empresario argentino interesado en la obra    

Búsqueda 16/2/12

En un futuro no muy lejano transitar por lo que hoy es la ruta 10 a la altura de la Laguna Garzón será lento. No podrán acceder a ese lugar vehículos pesados y se le dará preferencia al uso de bicicletas. La idea del gobierno es que el paisaje del lugar siga siendo disfrutable para los visitantes. Pero lo que se proyecta como una experiencia de sosiego, hoy es parte de una fuerte controversia política y ambiental luego de que el Poder Ejecutivo autorizara la construcción de unas obras de infraestructura que más años han estado en la consideración pública.

“Vamos a entrar al libro récords por demorar tanto la construcción de un puente de 150 metros”, dijo el diputado de Rocha Aníbal Pereira (Espacio 609) al referirse a la polémica creada en torno a la obra que se hará sobre la Laguna Garzón, un curso de agua que divide a Rocha y Maldonado sobre la costa atlántica.

Las diferencias entre los Ministerios de Transporte y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la forma en que buscó terciar la Presidencia de la República, las críticas de vecinos de la zona y la presencia de un importante empresario argentino, son parte de un complejo puzle que rodea la concreción de la obra.

Tras casi dos décadas de idas y venidas y varios proyectos sobre la mesa, finalmente a comienzos de esta semana la ministra de Vivienda Graciela Muslera anunció la aprobación de la construcción del puente que unirá Maldonado y Rocha. “Hemos optado por la conexión por puente” porque “es la que genera el mejor desarrollo del área”, explicó Muslera en una entrevista que concedió al programa “En Perspectiva” de radio El Espectador el martes 14.

Llegar a esta decisión no fue tarea fácil, ya que los ministerios de Transporte y Vivienda tuvieron visiones diferentes sobre el puente.

En diciembre de 2008, el Ministerio de Transporte y las intendencias de Maldonado y Rocha firmaron un convenio con la empresa Jaswik SA, propiedad del argentino Eduardo Constantini, para construir un puente sobre la Laguna Garzón. La empresa Consultatio, también de Constantini, realizó un estudio de impacto ambiental en el que concluyó que el puente “no generará impactos negativos significativos” en la zona. Pero la Dirección Nacional de Medio Ambiente del ministerio (Dinama) calificó el proyecto en la categoría C, la que se reserva para intervenciones que pueden “producir impactos ambientales negativos significativos”.

En octubre del año pasado, la ministra Muslera firmó una resolución pidiendo “información ampliatoria” sobre los impactos de la obra. Por su parte, el presidente José Mujica solicitó la opinión del ingeniero Hugo Eguía, quien cuestionó el informe de la Dinama porque interpreta “sesgadamente” los trabajos técnicos existentes. “La Dinama (o algunos de) han decidido no autorizar el puente en el emplazamiento de la ruta 10, independientemente de los estudios que se presenten”, dice el informe de Eguía (Búsqueda Nº 1.644). Eguía trabajó para Jaswik, según informó el senador colorado Pedro Bordaberry.

El director de la Dinama, Jorge Rucks, le respondió a Eguía en una carta enviada a Búsqueda diciendo que el ingeniero hizo una “interpretación sesgada” de la resolución del ministerio. Añadió que la dirección que encabeza no se opone a la construcción del puente sino que “reconoce” que es “necesario” realizar una obra de esas características. Lo que se plantea, dijo, es un “proceso analítico y participativo”.

Finalmente, el lunes 13 hubo un acuerdo en el gobierno. “Es una solución o un camino con múltiples aspectos a cubrir”, explicó Muslera en radio El Espectador. Para atender los posibles impactos ambientales, se acordó con el Ministerio de Transporte la desafectación como ruta nacional del tramo de la ruta 10 entre José Ignacio y La Paloma para que deje de ser un lugar con alto tráfico y se afecte lo menos posible el medioambiente de la zona. La idea es que ese camino sea de “disfrute del paisaje”, por el que se pase a baja velocidad y hasta se transite en bicicleta, explicó la ministra.

“Buscamos un puente más largo, más liviano y fundamentalmente que no ataque el paisaje, que se integre, que agregue valor a la zona”, añadió.

La ministra informó que el arquitecto Rafael Viñoly, que diseñó el nuevo edificio del aeropuerto de Carrasco, estará al frente de la construcción del puente. En su momento, Viñoly se opuso a esta obra porque traería consecuencias “ecológicas, económicas y culturales”.

“Creo que en este proceso ha habido una especie de diálogo, un escucharse de las partes. Mucha gente sigue con posiciones rígidas así como hay otras personas que van evaluando las posiciones contrarias”, señaló Muslera al explicar la postura actual de Viñoly, quien realizará el anteproyecto de manera gratuita.

“Argentinización”. El anuncio generó una fuerte controversia política. Para la oposición con esta decisión el gobierno cedió a las “presiones” del empresario Constantini, quien en 2007 compró 274 hectáreas en la zona por unos U$S 30 millones.

El diputado de Rocha por el Partido Nacional, José Carlos Cardoso, recordó que en 2003 se aprobó una ordenanza que estableció que en la costa del departamento se podía construir una casa cada cinco hectáreas. “Constantini dijo que no le cerraba el negocio, quería hacer como 300 casas y entonces el Frente Amplio cambió la ordenanza. Eso fue hecho a medida” del empresario, afirmó el legislador.

Para Cardoso hay una “argentinización de los procedimientos. En Uruguay no estamos acostumbrados a que un empresario venga y compre al que está en contra”, dijo en referencia a ex jerarcas municipales que en su momento no estaban de acuerdo con la obra.

Por su parte, el senador Bordaberry señaló que la habilitación del proyecto se da en momentos en que había rumores de que Muslera sería cesada en el cargo y que la Dinama pasaría a otra dependencia. El viernes 10, durante una reunión con legisladores y ministros el presidente Mujica dijo que la Dinama podría pasar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La idea, en principio, es sacar la Dinama de la órbita del ministerio para crear una agencia especial o una nueva secretaría de Estado.

Tras advertir de los riesgos ecológicos que traería la obra, Bordaberry aseguró que el gobierno cedió a la “presión del grupo Constantini”. “Y atrás de esto viene la presión de (la minera) ARATIRÍ”, añadió.

“Acá hay una presión del inversor que si tiene el puente, sus terrenos valen mucho más. Es una vergüenza lo que se está entregando, es un escándalo”, dijo.

En respuesta a estas críticas, el diputado oficialista Aníbal Pereyra dijo a Búsqueda que Bordaberry y Cardoso “siguen una misma línea, que es la de crear un gran manto de duda sobre el procedimiento de adjudicación, y hablan de presiones empresariales”.

El legislador dijo que no se puede dudar de la “rigurosidad” con la que el gobierno nacional y el departamental, que también pertenece al Frente Amplio, analizaron el proyecto. “Hay decenas de emprendimientos como este en Maldonado. Este emprendimiento fue aprobado por la Junta Departamental, pasó por todas las observaciones de la Dinama y la Intendencia de Rocha y se aprobó un proyecto. Las exigencias que tiene este desarrollo turístico no las tiene ningún balneario de Rocha”, dijo

Pereyra recordó que como contrapartida se le pidió a Constantini que financie el puente. Se estima que la obra costará unos U$S 2,5 millones

El diputado pidió a los legisladores de la oposición que “digan toda la verdad”. “La contrapropuesta que hay al puente es una propuesta de la instalación de balsas eléctricas. ¿Quién financia eso? ¿Papá Noel, los cisnes de cuello negro, las garzas blancas, u otro empresario que tiene un interés diferente a eso? ¿Por qué no dicen toda la verdad? La duda que tengo es si Bordaberry en este tema está actuando como senador o como un integrante de un estudio privado de abogados que defiende intereses de extranjeros que tienen negocios en José Ignacio. Si se pide cristalinidad hay que poner todo arriba de la mesa”.

RUPTURA AMBIENTAL

Por Eduardo Gudynas publicado  en Semanario Voces

El gobierno Mujica cruzó el umbral, y ahora se vuelca decididamente a maniatar las exigencias ambientales para que no interfieran con grandes proyectos de inversión. Atrás quedaron los amagues. Se aprobó el puente en la Laguna Garzón y se amenaza con un desmembramiento ministerial

Las quejas del presidente contra las trabas ambientales, sobre la lentitud ministerial, o su menosprecio por los ambientalistas, se convirtió en una decidida embestida. En la última semana quedó en claro que se quiere extirpar el área ambiental del actual ministerio donde está emplazada. Si eso sucede en el futuro cercano tendríamos un ministerio únicamente de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y la actual Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) estará en algún otro sitio.

Se insistió que eso era para mejorar la gestión ambiental y llevarla a un nivel más alto. Pero horas más tardes esos dichos se derrumbaron con la aprobación del puente sobre la Laguna Garzón – un reclamo de un inversor inmobiliario argentino para llevar adelante una urbanización, apoyada por las intendencias de Rocha y Maldonado, y resistida por vecinos, ambientalistas y otras organizaciones. Quedó en claro que se apunta en el sentido de reducir las exigencias ambientales

Un puente demasiado riesgoso

Comencemos por recordar que el puente sobre la Laguna Garzón tiene impactos directos, pero más graves, extendidos y complejos son sus efectos indirectos. Al permitir una conexión vial sencilla, se hace posible una rápida expansión urbana sobre la costa de Rocha. Seguramente en unos años aquella franja costera se parecerá a Solymar, y con ello tendremos problemas con la basura, el saneamiento, cañadas contaminadas, incendios, etc. Los remanentes de áreas naturales y su biodiversidad desaparecerán.

Estos y otros efectos del puente son tan negativos que, hasta donde puede saberse por la prensa, los técnicos de DINAMA no firmaban el permiso ambiental. Pero como la decisión final es política, la oficina presidencial decidió dar luz verde a esa construcción. Las advertencias ambientales fueron sepultadas, dejando en claro que era más importante satisfacer la demanda del inversor argentino y concretar la construcción de un nuevo “country”.

La argumentación del permiso, ofrecida por el secretario de la presidencia, A. Breccia, desnuda el nivel técnico y político al que se ha caído la gestión ambiental.

En primer lugar, justificó el puente indicando que tendrá bajo tránsito, excluyendo vehículos pesados, y que para ello la actual ruta 10 dejará de ser nacional y será un camino departamental. Mi reacción: si el tránsito realmente será limitado, la mejor opción es el cruce de la laguna en balsa, y por lo tanto deja de tener sentido construir el puente.

En segundo lugar afirmó que para asegurar los aspectos ambientales el sitio será ingresado al sistema nacional de áreas protegidas. Mi reacción: esto es un eufemismo, porque la laguna Garzón, junto con las de José Ignacio y Rocha, ya son áreas protegidas desde hace más de 30 años (decreto 260 de 1977). Decir que están dentro del “sistema” es solamente una etiqueta. Lo que se necesitan son medidas concretas y efectivas de protección.

En tercer lugar, se insistió en que el diseño del puente será del arquitecto Rafael Viñoly, y como sus obras son bellas, esto sería una medida ambiental. Mi reacción: si el puente es lindo o feo, o si lo construye un renombrado arquitecto o no, es en gran medida irrelevante en cuanto a sus efectos ambientales y territoriales. Un puente hermoso puede tener los mismos efectos negativos que uno estéticamente desagradable. El que se presentara como medida de mitigación ecológica la estética de un puente nos muestra la dramática debilidad de nuestra política ambiental. Con ese mismo criterio, si pintamos de verde las fachadas de las centrales nucleares, supondríamos que nunca explotarían.

Ministerio desmembrado

La debilidad en la aprobación del puente sobre la Laguna Garzón ilustra lo que nos espera si la DINAMA queda dentro de las oficinas presidenciales, o la transforman en una agencia. En el mismo sentido, las declaraciones del prosecretario, Diego Cánepa, son todavía más preocupantes, ya que muestran que no está muy al tanto de las competencias ambientales del ministerio actual, y que desea enviarlas a un sitio donde puedan estar atadas a los proyectos de desarrollo.

Por estas razones la ubicación de la DINAMA dentro del Poder Ejecutivo no es un tema menor. Si observamos lo que sucede en los países vecinos encontraremos que casi todos ellos tienen ministerios del ambiente, o ministerios mixtos con otros temas. Allí donde no había ministerios, se los han creado recientemente (Chile y Perú), y donde era un ministerio mixto, se lo transformado en uno específico para el tema ambiental (Colombia). El desempeño ambiental mejora cuando se cuenta con un ministerio, y en especial porque puede interaccionar en un mismo plano con otras carteras. Se apuesta a que pueda promover la preocupación ambiental en todo el Estado, a que esté bajo control parlamentario, y que se involucre con la sociedad civil.

No conozco ningún país donde se dé marcha atrás, y se desmembre un ministerio ambiental para crear una agencia. Hay un solo caso similar a la idea de Mujica, y tuvo lugar en Argentina, donde su secretaría ambiental fue puesta bajo el paraguas presidencial en tiempos de Néstor Kirchner.

Perdió el verde

A mi modo de ver el gobierno ha llegado a un nivel de ruptura con la temática ambiental donde ya no hay retorno posible para el actual elenco presidencial. En unos momentos hay burlas sobre los ambientalistas, en otros aparece la debilidad técnica, no se encuentran análisis juiciosos y tampoco hay liderazgo político verde. Es una postura minimalista donde el ambiente queda subordinado a metas macroeconómicas. En paralelo tenemos el silencio sobre cuestiones ambientales en los grupos del FA.

Por ahora prevalece un contexto donde toda la sucesión de reclamos de empresariales argentinos y de grandes compañías como ARATIRÍ, terminan siendo atendidos por la presidencia. Querían un puente, y ahora lo tienen; cuestionaron duramente a la DINAMA, y ahora se amenaza con sacarla del entramado ministerial, y como aderezo, se insinúa copiar una solución argentina. Aquí no puede decirse que esto es producto del “equipo económico”, sino que la cobertura y amparo que se otorga a estos emprendimientos parte del propio entorno presidencial. Se aceptan condiciones de empresas e inversores extranjeros, se les firman acuerdos confidenciales, se los aliviana en sus cargas tributarias,  y se les flexibilizan las condiciones ambientales. Paralelamente se carga contra las voces alternativas que parten desde la ciudadanía, tildándolos de estar contra el “progreso”.

Las opciones hacia un desarrollo con calidad para las personas y el ambiente se han alejado. Frente a este panorama, para la sociedad civil la tarea está en evitar que se hagan daños mayores, sobrellevar este derrumbe pero buscando evitar pérdidas dramática en el patrimonio ecológico de la nación, y esperar vientos de cambio hacia el futuro