Organizaciones campesinas de Paraguay sobre masacre

 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas, junto con otras organizaciones sociales y populares fraternas, reunidas en plenaria popular y permanente, manifiesta cuanto sigue:

La masacre ocurrida en Marina Cué, del departamento de Canindeyú, más conocido como Campo Morombi, en el día de ayer 15 de junio, fue consecuencia de un conflicto de clases histórico en la sociedad paraguaya, producto del sostenimiento por parte de los tres poderes del Estado de un sistema de acumulación y acaparamiento de las tierras en manos de unos pocos.

El mismo escenario de conflicto es el símbolo material del despojo sistemático e histórico llevado a cabo por la dictadura stronista y sostenido aún hoy por el Estado paraguayo a través del Poder Judicial, en connivencia con los otros poderes, teniendo en cuenta que el inmueble en cuestión fue otorgado de manera fraudulenta al ex senador y empresario Blas N. Riquelme, como supuesto sujeto de la Reforma Agraria.

Repudiamos y rechazamos el nombramiento de Rubén Candia Amarilla como nuevo Ministro del Interior, asumiendo la persecución y criminalización de la lucha social que se llevó a cabo durante su mandato como Fiscal General del Estado, en los operativos montados para la captura y aprehensión de dirigentes, compañeros y compañeras campesinas inocentes bajo la supuesta “lucha contra el EPP”.

Exigimos al presidente Fernando Lugo el alto al fuego y el retiro inmediato de las fuerzas policiales y militares de la zona de enfrentamiento, y que se garantice el trato humanitario con la presencia de una comitiva interinstitucional conformada por representantes de los tres poderes del Estado y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que resguarde los derechos y garantías de las personas y familiares de las víctimas.

Demandamos la expropiación de esta y otras tierras malhabidas, y exigimos el destino de las mismas a las comunidades campesinas e indígenas sin tierras, verdaderos sujetos de una Reforma Agraria Integral.

Exigimos acciones inmediatas en cuanto a:

·         La identificación de las personas fallecidas, hospitalizadas, y aprehendidas.

·         Se garantice la seguridad, la atención y el debido proceso de las personas afectadas, comunicando a la vez, de manera efectiva y responsable a los familiares afectados.

·          Se evite el amedrentamiento, la detención arbitraria, la persecución y la tortura de parte de las fuerzas represivas, que hasta el día de hoy se siguen denunciando por parte de los familiares de las víctimas en la zona.

·         La identificación de las personas responsables del enfrentamiento.

Manifestamos nuestra solidaridad con los familiares de los asesinados, y hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, populares y civiles a que estén atentas y movilizados para defender nuestros derechos, la profundización del proceso democrático, frente a la ofensiva de grupos de poder económico y político que pretenden imponer sus intereses corporativos, antes que priorizar las necesidades del pueblo paraguayo.

 Alentamos al sector popular a mantenernos firmes y en alerta, fortaleciendo y participando en nuestras organizaciones de base por una reforma agraria integral en nuestro país y la recuperación de tierras malhabidas.

Asunción, 16 de junio de 2011

CONAMURI – MCNOC – JCP – MOAPA – MUP – JT – JETYVYRO – CREAR – SAITE – MUI – IALA GUARANÍ – OLT – JOC – ONAC – PT – FIAN – MCP – PMPP – FIP – ONAI – CBPT – CONNAT’S – BASE.IS – CALLESCUELA – FSPP

Reflexiones a partir de los sucesos en Curuguaty

Lo ocurrido el viernes 15 de junio en una zona rural del distrito de Curuguaty, del fronterizo departamento de Canindejú, ha generado una enorme confusión en la gente, dada la manera sensacionalista e irresponsable como se ha manejado la información en la mayor parte de los medios de comunicación, y la rápida aparición de los pescadores de río revuelto, principalmente políticos, empresarios y periodistas, quiénes sin ningún tipo de análisis serio previo ya veían la manera de obtener algún tipo de rédito para sí o su organización a partir del trágico suceso.

Un hecho tan grave, donde han perdido la vida al menos 15 paraguayos, amerita una reflexión seria, con mucha información de por medio, con rigurosidad y responsabilidad, antes de emitir opiniones a los cuatro vientos, y más aún antes de declarar ya culpables y exigir castigos. Pero aquí todo ha funcionado al revés: lo primero fue declarar a los culpables, exigir sus castigos, y después ver la forma de armar un argumento que sustente dichas posturas.

Aventajados en esta cuestión del rédito político son los propios políticos, principalmente de la ANR, PLRA, PPQ y UNACE, en especial los congresistas y aquellos que están actualmente en campaña política, quiénes rápidamente sentenciaron la culpabilidad del Presidente Lugo y del Ministro del Interior, y la pertinencia de impulsar un juicio político a uno de ellos o incluso a ambos.

Todos estos partidos políticos tienen intereses directos en el tema de la tierra y su problemática, dado que sus filas están nutridas de grandes y medianos estancieros, ganaderos, sojeros, empresarios inmobiliarios, etc., lo cual hace que la reacción haya sido mucho más violenta.

Periodistas y medios de comunicación empresariales rápidamente se alinearon al mismo discurso, construido a partir de los intereses de los grupos económicamente más poderosos del país, según el cual las únicas víctimas de estos hechos fueron los policías, y los únicos victimarios, los asesinos sin alma ni sentimientos, fueron los campesinos y/o carperos.

Escuchando y viendo a los periodistas daba la impresión de que todos los muertos habían sido policías, aunque el balance final arrojaba casi el doble de muertos entre los campesinos.

En la misma línea discursiva se ubicaron los empresarios y sus gremios, siempre alertas para defender el orden (este orden tan injusto instalado en el Paraguay), condenando a los violentos campesinos y exigiendo el juicio político al Presidente. Plena coincidencia entre los empresarios y el principal vocero de la prensa comercial, ABC Color, que en su editorial del sábado sentenció:

El Presidente Lugo es el responsable de esta lamentable tragedia; en el mismo diario a pocas páginas del editorial mencionado, el diario informaba que la UGP pide enjuiciar a Lugo por ser “corresponsable” de lo ocurrido.

Esto ya no es novedad: los intereses de los grandes empresarios son los mismos que los de los mayores medios de comunicación, son socios en la defensa del statu quo, del orden establecido a lo largo de las últimas décadas, fundado en la enorme concentración de la tierra, fruto de un proceso de robo y estafa al pueblo paraguayo, raíz de la trágica desigualdad y exclusión que caracteriza a nuestro país.

Hay muchas cosas que incluir en el análisis de lo ocurrido: por ejemplo, el lugar del enfrentamiento, el departamento de Canindejú en la frontera con Brasil, la zona más castigada ambiental y socialmente por el avance de los agronegocios, en especial del cultivo mecanizado de soja; en la “propiedad” del político–empresario Blas N. Riquelme, congresista por muchos años por la ANR, quién hizo su fortuna al amparo del dictador Stroessner y los siguientes gobiernos colorados, acusado fundadamente de detentar tierras malhabidas otorgadas por el dictador, tierras en las que se dio el enfrentamiento; por otro lado, quiénes son los que saldrían ganando a partir de lo ocurrido, obviamente ni los campesinos ni los policías, pero si sectores con intereses vinculados, tanto políticos como económicos, a los grandes negocios que hoy se hacen en el Paraguay.

Han muerto policías y campesinos, todos paraguayos, casi todos hijos de familias pobres de nuestro país, todos víctimas de un sistema económico tremendamente injusto y excluyente.

Se ha amplificado la condena solo de la muerte de los policías, y se ha justificado la muerte de los campesinos/carperos, los primeros tenían familias y sueños, los segundos armas y antecedentes penales, unos eran los buenos y los otros los malos. Mirada más simplista e interesada es imposible.

El problema en el fondo de esta actitud es que los unos, los policías, representan al orden, a la seguridad, a la garantía de que la propiedad seguirá en manos de quiénes está hoy.

Los otros, los campesinos, representan la amenaza, la posibilidad de que las cosas cambien en el futuro, representan el peligro a la propiedad, en especial de aquellos propietarios fraudulentos, ilegítimos, que hoy gozan una buena vida en la abundancia, y harán todo lo posible por que esto no cambie.

Un episodio tan trágico como el ocurrido, nos exige tener una mirada mucho más amplia y profunda, antes de asumir posturas y exigir acciones consecuentes.

Luis Rojas Villagra

(enviado por Silvia Martínez)