Relocalizando los combustibles sintéticos
Comunicado de Prensa
En una comunicación oficial los responsables de la planta de combustibles sintéticos que se pretende instalar en los padrones 11950 y 11951 del departamento de Paysandú informaron que “no existe una decisión definitiva ni formalmente adoptada respecto del futuro emplazamiento de la planta".
Eso contradice los comunicados del Gobierno de nuestro país al de la República Argentina sobre que la planta sería relocalizada. Desde la organizaciones sociales hemos dicho repetidas veces que más allá de las declaraciones de las autoridades uruguayas, no había sobre el tema conformidad de la empresa sobre ser relocalizada.
El mantenimiento en el Ministerio de Ambiente del estudio ambiental del proyecto en la ubicación original y otros indicios, apuntaban a que la empresa no había aceptado al relocalización impulsada desde el Gobierno uruguayo.
Vemos con preocupación la similitud de esta situación con la generada en 2014 por el cambio del puerto planificado por Aratirí en la Angostura al Puerto de Aguas Profundas de El Palenque, una de las causas esgrimidas por Aratirí para demandar al Uruguay por 3.536 millones de dólares, demanda que sigue su curso en París.
En aquel momento tal como ahora, hablamos de un proyecto inviable comercialmente, con grandes pasivos ambientales y que para su operación solicitaba subsidios del Estado uruguayo, de todos nosotros. Aratirí ddecidió que era mejor retirarse y procurar obtener mucho más dinero con una millonaria demanda al estado uruguayo.
Rechazamos que se siga con las negociaciones secretas entre los responsables de la empresa y funcionarios del Poder Ejecutivo de un "Contrato de Inversión" como los que se hicieron con Montes del Plata, UPM y Katoen Natie.
En esos contratos, firmados por funcionarios de Poder Ejecutivo, sin intervención parlamentaria ni conocimiento público previo, se otorgaron, beneficios más allá de los que el Poder Ejecutivo puede otorgar por la Ley de promoción de inversiones (ley 16.906) que limita los beneficios que puede otorgar el Poder Ejecutivo a exoneraciones impositivas.
La ciudadanía uruguaya no puede seguir permitiendo que bajo el pretexto de "inversiones" y del “incremento del PBI" se instalen en nuestro territorio proyectos que en su operación dañan el ambiente, degradan los recursos y además necesitan ser subsidiados por nuestra población.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)
9 de septiembre de 2026
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HIF desmiente los anuncios oficiales de
relocalización de su planta en Paysandú
Contrariando el anuncio del canciller uruguayo según el cual, por decisión del presidente Yamandú Orsi, se cambiaría el lugar elegido a orillas del río Uruguay para la refinería de combustibles sintéticos de HIF Global, la multinacional declaró que no existe decisión definitiva ni formal al respecto
Víctor L. Bacchetta EL ZUMBIDO 10 sept 2026
“El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, declaró hace una semana el canciller Mario Lubetkin a la prensa en Montevideo, acompañado por su homólogo argentino, Pablo Quirno. Para otorgar mayor credibilidad a sus palabras, Lubetkin agregó que ambas partes estaban “haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto” y para “evitar todo tipo de problemas” (sic)
Sin embargo, según informa el diario El País de Uruguay, la filial local de la multinacional HIF Global envió en los últimos días una carta a las autoridades del Ministerio de Ambiente afirmando que «continúa avanzando en el análisis de una eventual relocalización del proyecto, planteada en el marco de las conversaciones que se mantienen con el Poder Ejecutivo (…), así como en la negociación necesaria para la firma del acuerdo de inversión con el gobierno nacional»
Como para no dar lugar a dudas, HIF agregó que «dichos procesos aún no han concluido y, por tanto, a la fecha —y esto lo escribieron en negrita— no existe una decisión definitiva ni formalmente adoptada respecto del futuro emplazamiento de la planta». Es un desmentido total de los anuncios del canciller uruguayo, que se suma a los desmentidos pocos días antes a declaraciones del presidente Orsi diciendo que se había levantado en Argentina una acción penal en contra del proyecto.
Esta sucesión de “confusiones”, anuncios y desmentidos, que parecen un culebrón o una comedia de los errores, refuerzan la desconfianza del lado argentino con respecto a cuáles son las reales intenciones del gobierno uruguayo. Desconfianza de los sectores sociales y los gobiernos locales de la provincia de Entre Ríos opuestos a la instalación de la planta de HIF sobre el río Uruguay frente a la ciudad de Colón, que han iniciado acciones en la Justicia Civil y Penal.
En este contexto surgió una incertidumbre adicional: “Vemos con preocupación la similitud de esta situación con la generada en 2014 por el cambio del puerto planificado por Aratirí en la Angostura al Puerto de Aguas Profundas de El Palenque, una de las causas esgrimidas por Aratirí para demandar al Uruguay por 3.536 millones de dólares, demanda que sigue su curso en París”, expresó el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) en un comunicado.
Era un proyecto gigantesco para Uruguay de minería de hierro a cielo abierto, por una empresa sin antecedentes en ese rubro, con sede en un paraíso fiscal, que pretendía también los subsidios del Estado uruguayo para operar. Aratirí no tenía el capital necesario, era una inversión basada en el alza coyuntural del precio internacional de los metales, que pretendía obtener el financiamiento presentando las autorizaciones ambientales y la garantía soberana de Uruguay.
La movilización social generada en el país contra ese proyecto obligó al gobierno de entonces, encabezado por el presidente José Mujica, a dilatar las decisiones y a plantear un cambio de la ubicación del puerto de exportación del hierro, para financiarlo sumando otros proyectos. Con las dilaciones, el precio del hierro bajo y Aratirí desistió del proyecto, pero utilizó esos cambios para demandar una cifra sideral a Uruguay en un litigio internacional que aún se encuentra inconcluso.
“Rechazamos que se siga con las negociaciones secretas entre los responsables de la empresa y funcionarios del Poder Ejecutivo de un “Contrato de Inversión” como los que se hicieron con Montes del Plata, UPM y Katoen Natie”, afirmó el MOVUS. “La ciudadanía uruguaya no puede seguir permitiendo que bajo el pretexto de “inversiones” y del “incremento del PBI” se instalen en nuestro territorio proyectos que en su operación dañan el ambiente, degradan los recursos y además necesitan ser subsidiados por nuestra población”, concluyó la organización.